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jueves, 25 de agosto de 2016

Una refutación a la objeción de la nulidad por la nulidad misma de los actos administrativos no motivados

De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia...
Por motivos de variada índole, no he podido postear. Entonces, les dejo un breve extracto de un punto de un trabajo que estoy escribiendo -sin citas, con estilo blogero-.



Muchas veces se dice que la declaración de nulidad, sin más, de un acto inmotivado,  cuando la AP podría motivarlo en sede judicial, sería declarar la nulidad por la nulidad misma (de tan larga que es esta frase, a continuación va a quedar así: DNxNM). La razón de esto sería que como la motivación puede ser aportada en sede judicial  (la CSJN la ha admitido al momento de contestar el informe del amparo, caso Molinas), no habría daño: ergo, en ese caso declarar la nulidad sería DNxNM, pues si a pesar de la omisión de la motivación la decisión hubiera sido igual, da lo mismo que esté o no motivada.
Eso no me parece correcto.
En efecto, las decisiones administrativas, en razón de la autotutela declarativa y la presunción de legitimidad, son capaces de cambiar la situación jurídica del particular de manera gravemente desfavorable. El particular puede pasar de una situación de inocencia -administrativa, en el cual la AP interfiere para derribar un status quo determinado, a una situación en la que deberá modificar un status quo impuesto por decisión de la AP (un estado de presunto culpable -administrativo- que deberá revertir).
Esta modificación de la situación, al suponer una inversión en la carga de alegar y probar, produce un daño que impide considerar la declaración de nulidad de una decisión inmotivada como un caso de nulidad por la nulidad misma.
P. ej., si la AP, en una decisión inmotivada o mal motivada, declara que una consultora económica ha violado la ley de lealtad comercial por difundir mediciones erróneas de la inflación, como pasó acá, modificará el estado de inocencia (de la consultora), obligándola a desvirtuar una decisión que la afecta ante la Justicia, debiendo alegar y probar lo que sostiene, y yendo en contra de la presunción de legitimidad que fortalece la decisión administrativa.
Entonces: no me parece necesario probar que la omisión de una forma no ha podido cambiar la decisión final; el daño ya está hecho. Por varios motivos:

  •        En primer lugar porque, como dice Gordillo, no se puede presuponer que el legislador –o la AP, en el caso de una autolimitación- haya establecido una forma o regla ociosa -que además no lo es en el caso de la motivación-.
  •  En segundo lugar porque tampoco puede el juez realizar futurología acerca de lo que pudo o no haber pasado.
  • En tercer lugar, porque la decisión administrativa que incumple alguna forma, procedimiento, o recaudo, cambia la situación del particular con las implicancias ya analizadas, lo que implica un daño (el particular, de cualquier forma, no puede cruzarse de brazos y decir que no la va a cumplir. Va a tener que quejarse. La idea que proponemos acá es que le den la razón sin que tenga que decir cómo hubiera cambiado la decisión si hubiera sido motivada). 
  • Cuarto y último, una decisión que se toma sin respetar el debido proceso, ya está violando los derechos del particular, produciendo efectivamente un daño en su esfera jurídica. La vulneración del debido proceso –en sentido amplio-, considerado en sus facetas relativas a la oportunidad de defenderse, al ofrecimiento y producción de prueba, a la preparación de la voluntad en la forma prevista por el orden jurídico, al cumplimiento de trámites esenciales y al llenado de la motivación, es una violación directa de uno de los derechos   fundamentales del hombre y del ciudadano, y produce un claro daño.

domingo, 5 de julio de 2015

Políticamente correcto ¿Jurídicamente incorrecto?

El autor de esta entrada no fuma, ni fumancha.
Sin embargo no puede menos que notar una cuestión que considera contradictoria, ¿hipócrita tal vez?, de la sociedad en la que vive (en la que le encanta vivir, vale aclarar, y a la que prefiere más que a la de ninguna otra época). La contradicción: que cada vez está peor visto, y más prohibido, desalentado, etc, el tabaco; y menos prohibida, más tolerada, despenalizada, etc, la marihuana.
No es el objeto de este post tomar post-ura (je) sobre el tema, ninguno de los dos. Sólo quiere el autor hacerse y hacerles, tomando el estilo que imprimió a su nueva etapa bloguística el amigo Ramiro A. U., algunas preguntas.
Parece que es lo políticamente correcto estar en contra del cigarrillo y estar a favor del faso. Pero ¿es sostenible una cosa y la otra, al mismo tiempo y desde el mismo punto de vista en el mismo ordenamiento jurídico? on what grounds podemos prohibir una cosa y permitir la otra? no hacen tan mal a la salud las dos? no son tan privadas una accion como la otra?
¿No es paternalismo acaso la campaña feroz contra el cigarrillo de los ministerios de salud? 
No se trata de comparar peras con manzanas, ya sabe el autor que una cosa es una despenalización y otra una prohibición administrativa. Pero si se siguen las tendencias como vienen parece dos caminos que se bifurcan, y el Estado en todo caso tendría que tratar más coherentemente estas dos conductas, porque no son tan distintas, a mi me parecen más bien bastante parecidas. Y si no que opinen los bebedores de cerveza qué piensan de los que gustan del vino...
El autor espera los comentarios de los lectores, porque ya no entiende nada. Quizás tendría que empezar a fumar y algunas cosas las vería más claras...

martes, 8 de febrero de 2011

Líneas sueltas sobre contratos administrativos y los 5 mandamientos del contratista estatal

Aclaración previa: no caigamos en la ingenuidad de creer que todos son inmaculados ni tampoco generalicemos en que todos son corruptos. La otra aclaración es que este estudio tenía citas, pero las borré para adaptar el texto a un blog.

Hecha la aclaración, pasamos al desarrollo del post, el más jurídico de todos hasta la fecha.

Acto administrativo ≠ contrato
El decreto 1023/2001 introdujo como párrafo final del artículo 7º de la ley 19.549, el siguiente texto :"[l]os contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sector Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente."
Esto podría llevar a considerar como asimilable al régimen jurídico del acto administrativo el régimen jurídico del contrato administrativo. En efecto, la aplicación directa de las normas del título III de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos a los contratos del Estado implica que el espacio en el que se desarrollan los contratos de la administración se ve invadido por los principios del acto administrativo, lo cual supone una confusión.
Es que pareciera ser relativamente simple distinguir entre creación y ejecución de normas, por un lado, y contrato de

derecho público: son estructuras absolutamente distintas, que no pueden confundirse una con otra. Por ello, la incorporación del último párrafo del artículo 7º a la ley 19.549 pareciera ser errónea.
En efecto, cuando el artículo 12 de la LNPA establece las prerrogativas de presunción de legitimidad y ejecutoriedad a favor de la administración, lo hace a los efectos de la creación unilateral de normas por parte de la administración, exigibles en forma coactiva (no entramos acá en la discusión acerca de la validez o no). Por eso, una extensión de estas prerrogativas fuera del ámbito originario, que comprenda relaciones jurídicas bilaterales en las que la administración cuenta con la indispensable conformidad de un particular no parece conveniente. Precisamente, el contrato implica el consentimiento de por lo menos dos partes, y el consentimiento, es por definición voluntario. No puede ser impuesto.

No hagas lo que yo digo si no lo que yo hago: la falta de confianza en el contrato

Podría pensarse que uno de los problemas del contrato administrativo en la actualidad es, precisamente, la falta de de "verdadera confianza" en el contrato. Si bien el consentimiento existe, y esto es fundamental, las atribuciones unilaterales de la administración de interpretar los contratos, modificarlos por razones de interés público; decretar su caducidad, rescisión o resolución y la imposibilidad de que la revocación, modificación o sustitución de los contratos por oportunidad, mérito y/o conveniencia genere lucro cesante (Decreto 1023/2001, art. 12), muestran que en el fondo la administración siempre busca mandar unilateralmente, incluso cuando contrata.
Otro ejemplo de esta situación es el problema de la excepción de incumplimiento del contrato. Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que en el contrato administrativo se pueda aplicar la exceptio non adimpleti contractus en contra de la administración, ésta debe causar a su contratista una razonable imposibilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo. Pero el decreto 1023 art. 13 c) empeora la situación y hace referencia a una gravedad que torne imposible la ejecución del contrato para permitir oponer la defensa de incumplimiento contractual. Es interesante lo que expresa al respecto MAIRAL, quien explica que si bien alguna parte de la doctrina sostiene que la exceptio no es aplicable en los contratos administrativos, en realidad se debería aplicar, incluso –aunque limitadamente- en la concesión de servicios públicos (con la relación tripartita entre concedente-concesionario y usuario ), donde la principal contraprestación del concesionario proviene del usuario. Limitar la exceptio en los casos en que la prestación del contratista proviene del Estado, es simplemente una injusticia. Restringir la aplicación a los casos de imposibilidad de la ejecución de la prestación a su cargo es poner al contratista al borde de la quiebra y hacer peligrar las fuentes de trabajo. Que la Administración gestione el bien común no deja de ser una expresión de deseos que lejos está de confirmarse en la realidad cotidiana. Por ello el Estado debe incluir en las cláusulas contractuales los plazos de tolerancia de la mora estatal que el contratista está obligado a aceptar, en exceso de los cuales el contratista debería poder paralizar su prestación.
En definitiva, inconscientemente se observa un concepto de administración que no contrata: impone.
Sin embargo, es un dato fáctico que el Estado no puede realizar todo, y necesita de los particulares para satisfacer las necesidades generales. Contratos hay y seguirán habiendo. Pero los contratantes particulares, ante la posibilidad de que un negocio pactado de una determinada manera sea ejecutada de otra sin su consentimiento, tienden a protegerse en forma preventiva. Así, los precios los precios ofrecidos en los contratos administrativos suelen ser superiores a los de los contratos privados, en función del mayor riesgo que supone la contratación administrativa.
Por otra parte, la falta de reglas claras influye en la corrupción, pues lo más importante es ganar la licitación, sin importar tanto la ejecución del contrato.

Al contrato administrativo le decimos perro, pero no ladra, no mueve la cola, ni tiene cuatro patas


Llegamos a la conclusión de que si el contrato administrativo es una especie dentro del género de los contratos, rara avis es entonces, pues las soluciones de los problemas que se producen en su funcionamiento real evaden, en muchas oportunidades, los principios clásicos del derecho contractual y corren por el carril de la conveniencia del Estado en un contrato en particular. Esto menoscaba la conveniencia general de que el Estado genere confianza, dé seguridad, cumpla sus compromisos y, naturalmente, desalienta las inversiones.

Pentálogo del contratista estatal
Por eso, a modo de conclusión, podríamos realizar el intento de dar un “pentálogo” de mandamientos del contratista estatal.
1. Preverás cualquier circunstancia habida y por haber en el transcurso del contrato
No importa que sea el Estado quien emita las normas que rigen la contratación. Puede cambiar en cualquier momento, por eso, se requiere una especial diligencia del oferente (CSJN, Fallos, 311:2831) quien deberá prever cualquier circunstancia, posible o imposible de prever.
2. Serás responsable en caso de duda
Como cualquier contrato que celebre el Estado es un privilegio otorgado a un particular, su interpretación debe ser restrictiva. Por eso, ante la duda -y contrariando el principio in ambiguis contra estipulatorem- se interpreta contra el concesionario (CSJN, Fallos, 308:618). Esta regla generaliza indebidamente los principios del contrato de concesión de servicios públicos u obra pública en todos los contratos administrativos. No puede decirse que toda contratación administrativa sea un privilegio a favor del contratista particular. Esto evidencia nuevamente la falta de confianza en el contrato. Si hay un proceso de selección transparente e igualitario, la contratación no es un privilegio.
3. No irás nunca en contra de tus propios actos
Tan prohibido está el error y tan requerida la diligencia, que el sometimiento voluntario a un régimen impide su ulterior impugnación, por más que irrazonable que éste sea.
4. Estarás dispuesto a trabajar gratis
El interés público cubre cualquier circunstancia. A la vez, el contratista debe estar dispuesto a todo. Tanto que en una licitación de montos millonarios, en la que la preparación de la oferta implica sumas enormes, no podrá quejarse si un día antes del perfeccionamiento del contrato, la administración decide dejar sin efecto el procedimiento de contratación (Decreto 1023/2001, art. 12).
5. Serás persistente
No importa que el contrato se frustre. El contratista, si es honesto, podrá reclamar daños y perjuicios -sólo daño emergente- a través varias etapas administrativas y tres etapas judiciales. Quién sabe, si las cosas van rápido tal vez en 10 o 15 años obtenga resultados.