En rigor, esto no debiera ser siquiera escrito. Pero lo cierto es que a pesar de que las leyes lo contemplan, en la realidad no se da. Y como decía Aristóteles, aunque algunos en un exceso de rosca atribuyan la frase al General, la única verdad es la realidad.
Así las cosas, en muchos casos quienes están a cargo de los asuntos públicos son verdaderos incompetentes, que ven en la política no una verdadera vocación de servicio sino la forma de ganar plata sin competir –como ocurre más comúnmente en el sector privado (más correctamente, competir sanamente, porque competir se compite).
Los partidos políticos deberían rendir cuentas públicamente de las actividades que se realizan en este sentido. Y siendo una OBLIGACIÓN, la omisión en estas actividades -o su realización de taquito- debería poder ser sancionada por la justicia electoral, ante la denuncia de cualquier ciudadano, por el mero hecho de que los partidos reciben fondos públicos: esto es, míos y tuyos y por lo tanto, tengo -tenés- derecho a ver que pasa con mi -tu- plata.
But...there is always a but. Para que esto pase, la justicia debería arremangarse y controlar seriamente las omisiones, cosa que no hace con mil y una excusas que no vale detallar.
